Gestores del Puerto de Barcelona

Dos muestras de miembros del Consejo de Administración del Puerto de Barcelona

Joaquim Coello i Brufau

Coello i Brufau es buen ejemplo de la índole de las fuerzas vivas del establishment catalán que rigen nuestros destinos. Designado en 2004, a instancias de Joaquim Nadal, como presidente del Puerto en sustitución de Joaquim Tossas Mir (que cuenta con un currículum y una acumulación de cargos que tampoco tienen pérdida), se cansó a finales de 2006 de su trabajo y se dejó contratar como consejero delegado de Applus, la empresa de certificación que entre otras cosas gestiona la mayoría de las estaciones privatizadas de la ITV y que tenía como accionista mayoritario a Aigües de Barcelona (o sea, la Caixa), y a Unión Fenosa y Caja Madrid como minoritarios.

En mayo del 2007, con Coello i Brufau como consejero delegado, AGBAR y Unión Fenosa vendieron, en una operación consensuada con la Generalitat, el 75% de Applus al fondo norteamericano de inversión de capital de riesgo, Carlyle Group, de procedencia norteamericana. Tal como denuncia el Centre d’Estudis per a la Pau J.M. Delas, entre los accionistas principales de este grupo figuran personajes como Bush (padre), la familia Bin Laden, James Baker (ex-secretario de Estado de los EEUU) junto a otros canallas por el estilo. Y como no puede ser de otra manera, entre los principales fondos de este grupo figuran empresas militares gringas como Landmark, Indigo y Unit Defence así como empresas petroleras.

El objetivo de los fondos de capital de riesgo es la adquisición de empresas que prometen beneficios rápidos, “sanearlas” (o sea, despedir el máximo de gente posible y externalizar parte de la producción) y venderlas después. Si este procedimiento ya resulta bastante denigrante en una empresa “normal”, aplicarlo en una empresa de un servicio de cumplimiento obligatorio para la gente, es simplemente un escándalo. Sin embargo, las concesiones de nuestros benefactores a Carlyle aún fueron más lejos, ya que “del valor de la compra de 1.485 millones de euros, Carlyle sólo ha desembolsado 400 millones de euros, mientras el resto de 1.085 millones ha estado financiado mediante un crédito sindicado de La Caixa, Caixa de Catalunya y Caja Madrid”.

En todo caso, Coello i Brufau se debía de sentir en buena compañía ya que entre sus cargos anteriores figura el de consejero delegado de la importante empresa militar española ITP. Y por si alguien tenía alguna duda sobre el grado de apoyo del Gobierno de la Generalitat a este tipo de actividades, el mismo mes de mayo el Gobierno autónomo nombró a Coello nuevo presidente del Consejo Social de la Universitat de Barcelona, desde donde luchará a capa y espada para imponer el Plan Bolonia.

Julián García González

Es vocal de la Generalitat en el Consejo de Administración del Puerto de Barcelona. Durante veinte años ha sido secretario general de los estibadores portuarios, es marido de una consejera socialista del distrito de Ciutat Vella de Barcelona y ocupa el cargo de presidente del prestigioso Club Natació Atlètic Barceloneta que regenta en función de una concesión del Puerto al Ayuntamiento. Desde 2007 su club también gestiona y explota la piscina municipal del Turó de la Peira. Además es el presidente de un aparcamiento subterráneo adjunto al Club Natació que gestiona conjuntamente con el propietario de una empresa muy activa en el Puerto de Barcelona. Desde hace muchos años mantiene una estrecha relación cotidiana con los propietarios del Grupo Mestre, una empresa portuaria que, en sintonía con sus buenas relaciones con los gestores del Puerto, ha experimentado un crecimiento espectacular durante los últimos veinte años.

García es una figura omnipresente en el barrio de la Barceloneta. Continúa siendo la persona clave para facilitar o denegar un puesto de trabajo en el Puerto, de manera que hay pocos vecinos de la Barceloneta que no le deban algún “favor”. Además, sus excelentes relaciones institucionales le convierten en “el asesor” ideal para cualquier negocio en el barrio. Entre otras propiedades, tiene varias viviendas en un gran bloque de pisos al lado de la playa, en el que, por razones desconocidas, no rige la Ley de Costas.